EMBARCACIÓN/SALTA: CONFLICTO TERRITORIAL
Consideran
que la magistrada dará un dictamen que legalizará el despojo sistemática que
vienen padeciendo los habitantes originarios Weenhayek de esta localidad.
Familias de la comunidad Gallardo hoy |
Lunes, 22 de junio de
2015
Por: Tata Ogue Mbae, informe
exclusivo
Se trata de la Jueza Ana María de Feudis, del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial Norte,
circunscripción Tartagal, en la provincia de Salta, quién causó gran
indignación a las familias de la comunidad Gallardo, etnia Weenhayek, de la
localidad de Embarcación, al norte de la provincia de Salta, cuando vieron el
modo en el que se desarrolló la inspección ocular que estaba prevista por el conflicto
territorial suscitado en 2013 entre la comunidad y el terrateniente Jorge
Ortega Velarde, por el que ambas partes llegaron a la instancia judicial.
Tras una serie de mediaciones (tres en total) por la causa,
en el que no hubo acuerdo, el juicio continuó en 2014. A mediados de ese año,
los representantes legales de la comunidad interpusieron una medida cautelar de
No Innovar tras consumarse una serie de atropellos y falsas denuncias a las
familias Weenhayek, como estrategia empleado por el terrateniente Ortega, quien
ávidamente sedujo al Cacique de la Comunidad Wichí “El Cristo Arriba”, Antonio
Salvatierra (actual empleado del terrateniente), “donándole” 17 hectáreas que
abarca todo el sector donde se encuentra asentada la comunidad del Cacique
Benito Rodríguez, generando así confrontación entre ambos.
La cuestionada “donación” se efectuó el 12 de junio de 2014
en favor de la comunidad Wichí “El Cristo Arriba” (información obtenida de
Expediente), casi a un año de suscitarse el conflicto con el terrateniente, al
no haber encontrado la Jueza causa alguna a las falsas denuncias. Anterior a
este acto, la mencionada comunidad, que tiene característica de barrio, carecía
de cualquier tipo de escritura de la posesión, y sus límites físico estaba
claramente establecido mediante alambrado a unos 30 metros al oeste, colindando
con la comunidad Gallardo; sin embargo, tras la “donación” el mismo fue
levantado hasta la fecha.
A pesar de la medida cautelar interpuesta por los defensores
de la comunidad, al que la jueza dio lugar, no fue respetada bajo ningún
término por parte del corrompido cacique Salvatierra, expresa el Cacique
Rodríguez: “Desde que el terrateniente le hizo creer que le
donó las tierras actúa como un terrateniente más, porque siempre dice es mi
tierra, ustedes tienen que salir de aquí. Siempre está provocándonos para que
le enfrentemos, pasa con changos por nuestra comunidad y luego va a poner
denuncia diciendo que nosotros le hemos agredido, pero no es así. Estando vigente
la medida cautelar ellos fueron a construir un puesto cerca de la comunidad. Una
vez vino con un grupo y la topadora de
la municipalidad queriendo hacer picada para alambrar en medio de la comunidad,
ahí sí nos hemos parado para resistir el avance, pero nunca le levantamos las
manos, él sí me dio un golpe en la boca y me dejó el labio partido cuando vio
que no le dejábamos pasar a la máquina”, relata el Cacique.
Los comuneros, indignados, aseguran que detrás de todo esto
se encuentra el terrateniente Ortega, quién es representante de la empresa El
Suri Agropecuario Sociedad Anónima, con el que se mantiene el litigio.
Curiosamente, los abogados litigantes
del empresario terrateniente son los mismos que patrocinan al polémico cacique Antonio
Salvatierra.
El miércoles 03 de junio (2015), las familias de la
Comunidad Gallardo, aguardaban con ansias la llegada de la jueza que lleva
adelante el juicio por el conflicto territorial, el cual lleva ya casi dos años,
pero grande fue la sorpresa cuando vieron llegar a la magistrada en el vehículo
del terrateniente con sus abogados en horas del medio día; aún mayor fue la
sorpresa cuando con prepotencia y, de manera autoritaria, se dirigió a las
familias del lugar, manifestando que deben entregar las tierras al terrateniente
.
Rodríguez, indignado cuenta lo ocurrido ese día: “aún no puedo creer que la jueza venga
directo a decirnos que nos tenemos que ir, que no tenemos nada que hacer aquí
porque el titular registral de las tierras es el señor Jorge Velarde Ortega con
Antonio Salvatierra, ni siquiera quiso oír a la gente que le decía que somos
nativos del lugar”, relata.
Aseguran que, a pesar de todo, van a continuar resistiendo a
este intento de un nuevo despojo del lugar donde tradicionalmente habitaron, el
cual lo vienen padeciendo, inclusive, antes de la fundación de la ciudad de
Embarcación.
La historia oculta
del despojo
Históricamente los Weenhayek habitaron las inmediaciones del
Rio Bermejo, conjuntamente con otros pueblos originarios como los Guaraníes, Tobas
y
Wichí, con quienes compartieron el territorio desde tiempos remoto. Hoy
se encuentra erigida la ciudad de Embarcación en el lugar donde residieron los
Weenhayek y demás pueblos originarios. “Justo donde se encuentra actualmente el
Hospital, la Terminal de Ómnibus y el Complejo Deportivo Municipal se
encontraban las tolderías en el que
habitaban las familias Weenhayek y demás etnias que fuimos reducidos por la
Iglesia Evangélica allá por el año 1910”, relata Manuel Montes, historiador y Coordinador
del Consejo de Caciques Weenhayek.
Montes, relata a la vez el modo en que fueron despojados los
Weenhayek, y demás pueblos originarios de esos lugares. “Nosotros hemos
habitado en la Misión Evangélica hasta 1963, en ese año el pastor noruego Pet
Pétersen hizo arreglos con el municipio para llevar a las familias a la actual
Misión La Loma. En esa época muchos hermanos no estuvieron de acuerdo con esa
decisión y empezaron a dispersarse en lo que
hoy es El Cristo Arriba y el Cristo Abajo, y por supuesto en la superficie
donde se encuentra actualmente la comunidad Gallardo”, cuenta el cacique
general.
Por su parte, Adelio Gallardo, uno de los más ancianos del
lugar, agrega: “No vinimos de afuera, ni de otro lado, siempre hemos habitado
en este territorio, el que vino de afuera es este terrateniente Jorge Ortega,
ni siquiera vive aquí, es de Buenos Aire, pero dice que es propietario de más
de 4.000 hectáreas y que hace 42 años que está por estos lados, pero nosotros
le decimos que hemos nacido aquí y nuestros papás y abuelos siempre recorrieron
e hicieron uso de este territorio”, afirma.
Consideran que en caso de ser favorecido el terrateniente
con el fallo de la Jueza se legalizará el despojo sistemática que vienen
padeciendo históricamente los pueblos originarios del lugar. Además representaría
una nueva violación y atropello a los derechos indígenas, en especial la Ley
Nacional de Orden Publico 26.160 y sus Prórrogas que se encuentra vigente, el
cual prohíbe todo tipo de desalojo a las comunidades.
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